Jueves 16 de enero de 2014

• Con la modificación de conceptos computables en la base de cotización

Para CCOO es positivo que el Gobierno reconozca este hecho, pero critica que la modificación se haya adoptado sin diálogo previo con los agentes sociales y considera que tiene un efecto recaudatorio limitado pero con consecuencias relevantes sobre la negociación colectiva.

El pasado 20 de diciembre el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 26/2013 que incluía una modificación del art. 109 de la Ley General de la Seguridad Social, en lo referido a los conceptos que deben computarse para establecer la base de cotización de los trabajadores afiliados al Régimen General.

El secretario de Protección social y Políticas públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha manifestado que “esta modificación ha sido adoptada de manera unilateral por el Gobierno sin haber sido anunciada previamente a los agentes sociales y, por lo tanto, sin que se haya producido sobre su contenido ningún proceso de diálogo”.

El objetivo de la medida, como reconoce la propia Memoria de la norma, es el de mejorar los ingresos del sistema de Seguridad Social. Por tanto, señala Carlos Bravo que “esta es la primera vez que el Gobierno asume de forma tácita los planteamientos que desde CCOO hemos venido haciendo sobre la necesidad urgente de mejorar los ingresos del sistema, coincidiendo con un ejercicio que hemos cerrado con un déficit aproximado de 11.000 millones de euros como consecuencia de la destrucción de empleo y la caída de los salarios”.

No obstante, la medida aprobada por el gobierno se aleja de las propuestas realizadas por CCOO (incremento coyuntural de tipos de cotización; incremento de bases máximas y mínimas de cotización, junto a una elevación del SMI; equiparación de bases medias de cotización de autónomos y trabajadores por cuenta ajena; etc.), y aún coincidiendo con el objetivo expresado, resulta ciertamente limitada en cuanto a su efecto recaudatorio ya que, en la citada Memoria Económica se estima que supondrá unos 900 millones de euros adicionales al año, frente a los más de 10.000 millones anuales que se obtendrían con las propuestas de CCOO, además de los derivados de las propuestas más estructurales que también hemos planteado (la más relevante, financiar progresivamente desde los Presupuestos Generales del Estado las prestaciones derivadas de fallecimiento).

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